Denuncias de exfiscal venezolana salpican a Maduro y Cabello

Luisa Ortega dijo ayer que quería denunciar ante el mundo la realidad de Venezuela, donde existe “una situación de corrupción desmedida”, aseguró.

En el encuentro de fiscales de Mercosur ayer en Brasil, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, agradeció la solidaridad y reconocimiento que ha recibido y dijo que en su país ha muerto el derecho.

La exfuncionaria, que abandonó su país tras ser acusada de traición por el Gobierno, afirmó tener pruebas de que el dirigente chavista Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Ortega aseguró que el dinero fue depositado en una “empresa española”, propiedad de los primos de Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello y Jerson Jesús Campos Cabello, y denominada TSE Arietis.La exfiscal, que llegó ayer en la madrugada a Brasilia tras huir la pasada semana de su país, aseguró que también tiene pruebas que “comprometen” al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Según dijo Ortega en declaraciones a periodistas, Maduro sería dueño de la empresa mexicana contratada por el Estado venezolano para distribución de bolsas CLAP.

Ortega recalcó que entregará las pruebas a las autoridades de distintos países, entre ellos Estados Unidos, Colombia y España, “para que se investigue” en “virtud del principio de jurisdicción universal”.

“En Venezuela no hay justicia”, subrayó.

Ortega participó como invitada especial en una reunión de fiscales del Mercosur en Brasilia, donde denunció que la situación de Venezuela amenaza la región, y posteriormente se reunió con el canciller brasileño, Aloysio Nunes.La exfiscal venezolana llegó a Brasil pocas horas después de que Nicolás Maduro anunciara que le pedirá a Interpol su captura y la de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.

Ortega, a quien el Gobierno de Colombia ha ofrecido asilo, fue destituida de su cargo el pasado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que la acusa de haber cometido “actos inmorales”.

Contra el esposo de Ortega se dictó una orden de captura al ser acusado por la Constituyente y por el nuevo fiscal general de integrar una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.